07 octubre, 2009

La sociedad en peligro

Orlando Alcívar Santos

Este debería haber sido mi cuarto artículo sobre la Ley de Comunicación, pero interrumpo la secuencia para referirme a otro tema también importante, importantísimo, que tiene al país convulsionado, en ascuas, por falta de un interlocutor adecuado en el Gobierno que canalice las pretensiones de los sectores que se sienten afectados por una política de imposición absoluta, “magíster dixit” y no va más.

No puedo cuestionar que el Presidente haya resuelto no permitir que el MPD –a quien hace varios meses utilizó de instrumento para lograr sus propósitos de eliminar diputados y cortar la cabeza al Tribunal Constitucional– siga con su poder hegemónico decidiendo –como lo ha venido haciendo desde hace más de 20 años– con su pequeña minoría pero con su gran activismo, lo que se debe hacer en el país y en la educación en particular, o que el indigenado con sus fuerzas dispersas y sus bases desorientadas sin un auténtico líder (Santi más parece el descendiente de algún colono italiano que de un indio amazónico) cierren carreteras y vías secundarias, lo cual está prohibido por la Constitución, porque está en su derecho cuando actúa apegado a la ley, lo cual no ocurre siempre, pero los problemas no se solucionan con represión sino con diálogo, al que quiere llegar ahora solo cuando el agua le está llegando al cuello.

Pero así como hay firmeza para detener a la UNE/MPD o a los indios, existe en cambio una incapacidad enorme para detener a la delincuencia, por lo que el mismo Presidente debería hacer un acto de contrición y actuar responsablemente en defensa del pueblo pidiendo asesoría o ayuda urgente a técnicos foráneos o a gobiernos amigos con experiencia en este tema a fin de proteger a una ciudadanía aterrorizada por la serie de delitos contra las personas y los bienes que se cometen cada día en todo el país, pero especialmente en Guayaquil y en Quito.

Con la suficiencia propia del envanecimiento que genera el Poder, el régimen rechazó hace unos meses la ayuda que brindaba la Municipalidad de Guayaquil para cuidar de sus habitantes, y desechó todo el andamiaje que el ayuntamiento tenía montado para combatir a la delincuencia, pero el tiempo ha golpeado a la soberbia y la sociedad está indignada por su desprotección. ¿Pedirán otra vez el concurso del Cabildo?

El rescate de Rafael Correa de la prisión en la que lo tiene recluido su personalidad pasa por su apertura a escuchar, sin descalificaciones, a quienes no piensan como él. No es sensato creer que el Gobierno siempre tiene la razón, que su conductor no sufre equivocaciones y que todas las críticas están impregnadas de mala fe. Una patología así requiere de terapeutas que deben actuar cuando el afectado admita –por el bien del país– que necesita ayuda. Una ayuda que podría reducirse a recibir consejos y a aceptarlos para que el Estado se conduzca mejor, con menos convulsiones. Al fin y al cabo Rafael Correa no ha tenido experiencia en manejar asuntos públicos o de alta política, salvo cinco escasos meses a la cabeza de un ministerio. Y está pagando piso.

P.S. Ahora que gran número de delitos se cometen utilizando taxis y similares, ¿puede aceptarse que la Comisión de Tránsito sea un organismo tan incapaz que no ha podido, en varios lustros, exigir el uso del taxímetro y una identificación visible del taxista en el interior del vehículo?

Tomado de El Universo